Indicaciones a la reforma previsional: lo realmente importante

LUIS ALBERTO LETELIER H.

En las últimas semanas ha vuelto el debate sobre la reforma de pensiones, a raíz de las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley. Se han introducido diversas normas de difícil lectura y comprensión, que deberán ser analizadas de manera profunda por los especialistas y el Congreso.

Sin embargo, no hay grandes avances en lo que debiera ser el objetivo prioritario de la reforma previsional: mejorar las pensiones de los chilenos. Un eje prioritario para el logro de este objetivo es la rentabilidad, debido a su estrecha relación con los montos de las pensiones. La evidencia muestra que la utilidad de los fondos de pensiones tiene un efecto multiplicador con los años y es fundamental para incrementar el monto de las jubilaciones.

“La búsqueda de una mayor rentabilidad de los recursos previsionales no aparece fortalecida en el nuevo proyecto”.

Desgraciadamente, la búsqueda de una mayor rentabilidad de los recursos previsionales no aparece fortalecida en el nuevo proyecto. Por el contrario, varios de los cambios implicarían más riesgos que certezas. Un ejemplo son las restricciones a la forma en que los administradores de fondos previsionales pueden invertir los recursos y seleccionar a los especialistas más adecuados, buscando en el papel reducir costos, pero afectando gravemente la búsqueda de las mejores opciones de inversión y rentabilidad, así como la sana competencia por rentabilidad.

El texto del Ejecutivo propone restringir los tipos de activos en que los administradores pueden invertir por medio de vehículos de inversión especializados. Además, establece un monto máximo a pagar por el conjunto de esas inversiones que se canalicen a través de ellos.

De aprobarse, estas medidas tendrían que incorporarse en las políticas de inversión de los fondos previsionales y significarían restricciones a la inversión, en vez de nuevas opciones para obtener el mejor retorno neto posible para cada tipo de activo. Respecto de los activos chilenos, la limitación afectaría especialmente la inversión en activos alternativos, como proyectos inmobiliarios y de infraestructura, deuda privada y capital privado.

Históricamente y como es lógico, el alto nivel de especialidad que requiere la gestión de activos alternativos -y, en general, activos menos líquidos como las acciones denominadas “small cap”- ha llevado a los administradores de fondos de pensiones a canalizar este tipo de inversiones en vehículos especialmente diseñados para cada tipo de activo. Si las administradoras no tienen esa posibilidad, lo esperable sería una disminución de la exposición a los activos más ilíquidos y una mayor inversión en activos tradicionales como acciones líquidas y renta fija.

Esto iría en el sentido contrario de lo que sugieren los especialistas, que es aumentar la inversión en activos alternativos para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, así como en contra de países de la OCDE, en los cuales la inversión en alternativos se realiza mayoritariamente a través de especialistas externos.

Los eventuales cambios que se hagan a la reforma de pensiones debieran volver a poner el foco en lo que es más relevante, que es fortalecer la institucionalidad del sistema previsional para incrementar las pensiones. La discusión no debe terminar perjudicando a los afiliados.